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LA ASOCIACIÓN DE PROFESORES DE INSTITUTO DE ANDALUCÍA

APIA denuncia que en épocas preelectorales se incrementan las campañas de desprestigio hacia el profesorado desde el entorno político para desviar la atención del debate de la precaria situación de la educación pública.  

Sevilla, 9 de noviembre de 2015.- La Asociación de Profesores de Instituto de Andalucía ha aprovechado el actual debate público sobre la educación y el profesorado para recordar que lleva varios años proponiendo una reforma profunda del sistema educativo para conseguir una educación pública de calidad. En este sentido, el presidente de APIA, Manuel Fernández, denuncia “la reiterada presencia de debates espurios en la antesala de las campañas electorales, impulsados por innumerables franquicias al servicio de la política en minúsculas o de oscuros intereses” que invariablemente desprestigian al profesorado y ponen en tela de juicio su labor y su profesionalidad para desviar la atención de un debate serio que analice y proponga medidas estables para alcanzar una educación pública de calidad.

Las propuestas que realiza APIA parten de la necesidad de alcanzar una legislación educativa estable y homologable con los países de nuestro entorno europeo, que alcanzan unos niveles de calidad en la enseñanza pública superiores al nuestro como señalan de forma sistemática las evaluaciones internacionales. España, por el contrario, cuenta con tasas de fracaso escolar que duplican la media de la Unión Europea o un abandono educativo escandaloso, “que no se va a solucionar de forma mágica simplemente elevando la edad de escolarización a los dieciocho años”, apostilla Fernández.

A tal efecto, desde APIA se propone un cambio radical de nuestro modelo de educación, que apueste definitivamente por la enseñanza pública y que, de forma racional y ordenada ataque las causas del actual panorama educativo, propuesta que fundamentan en ocho ejes, el primero de los cuales es la promulgación de una ley educativa estable y que conforme un marco legal e institucional en el que cada cual pueda asumir sus responsabilidades y deberes propios. Destaca, asimismo, la despolitización del panorama educativo, en el que se incluye la reprofesionalización de la función inspectora, rescatando incluso la Alta Inspección del Estado, así como la reestructuración de la función directiva de los institutos, para que vuelvan a ser representantes de la comunidad educativa, sensibles a los problemas relacionados con la docencia. De igual modo, el sindicato de Secundaria propone acabar con la comprensividad, que comparan con el “lecho de Procusto” por provocar una estructuración atípica en el contexto de la OCDE que hace que España cuente con el Bachillerato más corto de nuestro entorno.

Las dos propuestas centrales son el establecimiento de controles externos a los centros educativos y un sistema nacional de acceso a la función docente. Con respecto al primero, el presidente de APIA señala que “las evaluaciones externas a los centros son positivas siempre que sean objetivas, independientes y públicas, puesto que son la única forma de instaurar mecanismos de control” que puedan corregir la gran desigualdad que el modelo actual ha perpetrado entre unos centros y otros y entre distintas comunidades autónomas. “La disparidad actual es la antítesis de un sistema que presume de equidad”, apostilla Fernández. Con respecto al sistema nacional de acceso a la función pública docente, el objetivo es que “sea riguroso y exigente, cumpliendo estrictamente con los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad para que los mejores profesionales accedan a la docencia” evitando así la arbitrariedad, el provincianismo y la parcialidad en que según la comunidad autónoma de origen se valoren criterios distintos para acceder a un Cuerpo de carácter nacional.

Por último, el presidente de APIA apunta que, aun sin hacer ningún cambio legislativo, una mejor gestión de los recursos disponibles supondría una mejora significativa, puesto que “para disminuir las ratios, contratar profesorado de apoyo en número suficiente como hacen en el resto de Europa, o mejorar las instalaciones de los centros no es necesario reformar ninguna ley” sino simplemente un gasto racional que ni despilfarre en aparatos tecnológicos de moda adquiridos sin criterio pedagógico ni desvíe los recursos a agencias externas de funcionamiento opaco.

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